Respuesta a: Semana 3 – Los periodistas en la mira

Un caso reciente en Colombia relacionado con amenazas y acoso a periodistas involucra a las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño Jaramillo, fundadoras del medio digital Volcánicas. Estas periodistas publicaron una investigación en 2020 que recopilaba denuncias anónimas de mujeres contra el director de cine colombiano Ciro Guerra, acusándolo de acoso y abuso sexual.

Como resultado, Guerra presentó múltiples acciones legales contra ellas, incluyendo demandas civiles y penales, buscando una compensación millonaria y la eliminación del reportaje. Estas acciones se han interpretado como un intento de acoso judicial para obstaculizar investigaciones periodísticas de interés público. El proceso legal ha sido largo y costoso, afectando tanto económica como psicológicamente a las periodistas, quienes también han presentado contrademandas por los daños sufridos debido a este acoso.

Este caso subraya los desafíos y riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia al realizar investigaciones sobre figuras públicas y temas sensibles​ El caso de las periodistas de Volcánicas, Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, refleja una problemática recurrente en Colombia y en otros países de la región: el uso de herramientas legales como un mecanismo de intimidación para silenciar a quienes investigan y denuncian situaciones de abuso de poder. Este fenómeno, conocido como acoso judicial, no solo busca desgastar económicamente a los periodistas, sino también imponer un peso psicológico que puede llevarlos a la autocensura.

El caso pone en evidencia cómo figuras poderosas, al verse expuestas, pueden recurrir a la ley no para buscar justicia, sino para atacar la libertad de prensa y el derecho a la información. Cuando el sistema judicial se convierte en un arma de represión en lugar de un medio para proteger los derechos, se erosiona la confianza pública en las instituciones y se genera un clima de miedo que limita la labor periodística.

La importancia de este tipo de periodismo radica en su capacidad para dar voz a quienes usualmente son silenciados o ignorados, en este caso, mujeres que denunciaron abusos sexuales. El hecho de que las periodistas enfrentaran consecuencias legales por amplificar estas voces subraya la vulnerabilidad de los profesionales de la comunicación en contextos donde el poder puede instrumentalizar la justicia.

Si más periodistas cedieran ante la intimidación, las historias incómodas que sacan a la luz los abusos de poder, la corrupción y otros males sociales quedarían enterradas. Esto llevaría a una sociedad menos informada y más vulnerable a la manipulación y la injusticia. La labor periodística es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en una democracia, y su debilitamiento afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Este caso también nos recuerda la necesidad de fortalecer las protecciones legales para los periodistas y garantizar que puedan ejercer su profesión sin miedo a represalias, ya que su trabajo no es solo un servicio público, sino un pilar fundamental para la democracia y los derechos humanos​(Committee to Protect Journalists, Home- Sociedad Interamericana de Prensa).