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El 4 de febrero, Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza anónima por mensaje de texto debido a su cobertura de la situación en la frontera colombo-venezolana. Ella y su equipo han sido intimidados durante meses. El 5 de febrero, Ignacio Gómez (Noticias Uno), Jairo Tarazona (RCN Radio) y José Luis Mayorga (Agencia Reporteros Sin Fronteras) también fueron amenazados mediante un panfleto firmado por las Águilas Negras. Estos periodistas ya habían recibido amenazas en septiembre de 2019. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado 12 amenazas en 2020, afectando a 15 periodistas, casi dos víctimas por semana. La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) medidas de seguridad y exige a la Fiscalía General de la Nación una investigación rápida para sancionar a los responsables. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión subraya que las sanciones judiciales son cruciales para prevenir la violencia contra la prensa.</p>
Reflexión: Estas intimidaciones no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de los reporteros, sino que también socavan la democracia al intentar silenciar voces críticas y limitar el acceso del público a información vital. Es imperativo que el Estado y las instituciones correspondientes actúen con determinación para proteger a los trabajadores de los medios de comunicación. La inacción o la falta de medidas efectivas no solo pone en peligro a los periodistas, sino que también envía un mensaje de impunidad a los agresores.
¿Qué crees que podría pasar en el mundo si más periodistas cedieran ante la intimidación en lugar de continuar con su trabajo frente al peligro? Sin periodistas dispuestos a investigar y reportar, los actos de corrupción y abuso de poder quedarían sin supervisión, permitiendo a los actores corruptos actuar impunemente.
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