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Recientemente, se han documentado casos de intimidación y violencia contra periodistas en Colombia. A continuación, te presento algunos ejemplos:

Informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP):
En 2023, la FLIP registró 69 agresiones a periodistas en 17 de los 32 departamentos de Colombia.
Diferentes grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las FARC, intimidan, persiguen y amenazan a periodistas.
Estos grupos invaden los espacios físicos y digitales de los comunicadores, los citan a reuniones para controlar su cobertura y atacan a directores, editores y reporteros.
La información que se publica o calla sobre estos grupos es crucial para ellos, especialmente durante procesos de negociación con el Gobierno.
Preocupación de la Relatoría Especial de la CIDH:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia.
Insta al Estado a fortalecer medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.
Espionaje militar a periodistas:
En 2020, la FLIP denunció 14 nuevos casos de espionaje del Ejército colombiano a periodistas.
Entre los afectados se encuentran los periodistas Ibéyise Pacheco, Alberto Ravell (venezolanos) y el fotógrafo Damien Fellous (francés).
Se pidió al Gobierno garantizar la vida e integridad de los reporteros.
Estos incidentes afectan la labor periodística y la democracia al limitar el
acceso a información local y el derecho al voto informado.

Durante 2023, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 69 agresiones a periodistas en 17 de los 32 departamentos de Colombia. Diferentes grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las FARC, intimidaron, persiguieron y amenazaron a periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios locales.

Estos grupos operan invadiendo los espacios físicos y digitales de los periodistas. También los citan a reuniones para indicarles qué pueden o no cubrir e ingresan a las sedes de los medios. Atacan a directores, editores, reporteros y locutores, especialmente si están cubriendo temas relacionados con las acciones delincuenciales de estos grupos en el territorio, como seguridad, orden público y hechos judiciales.

Las consecuencias son graves:

Impacto individual: La integridad física y emocional de los periodistas se ve afectada.
Impacto colectivo: La sociedad pierde acceso a información local relevante. Medios han cancelado espacios informativos, periodistas han limitado su cobertura y algunos han tenido que abandonar sus lugares de residencia.
Impacto democrático: La falta de información impide que las personas ejerzan su derecho al voto de manera informada.
En resumen, la violencia contra periodistas afecta tanto a nivel personal como a la sociedad en su conjunto, debilitando la democracia y la libertad de prensa.

Si más periodistas cedieran ante la intimidación en lugar de continuar con su trabajo frente al peligro, varias consecuencias negativas podrían surgir:

Menos información veraz: La sociedad recibiría menos información objetiva y veraz. La autocensura limitaría la cobertura de temas sensibles, y la verdad quedaría oculta.
Impunidad y corrupción: Los perpetradores de violencia y corrupción quedarían impunes. Sin periodistas valientes que investiguen y denuncien, los abusos de poder se multiplicarían.
Menos control ciudadano: El periodismo es un pilar de la democracia. Si los periodistas se retiran, la ciudadanía tendría menos herramientas para controlar a los gobiernos y las instituciones.
En resumen, la resistencia de los periodistas ante la intimidación es crucial para mantener una sociedad informada, justa y libre.