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La trampa que le cambió la vida
Hace 21 años, Bedoya era periodista de justicia del diario El Espectador. Tenía 26 años. Sus investigaciones sobre la cárcel Modelo de Bogotá la convirtieron en una defensora de los derechos de los privados de libertad: lideró campañas de educación y financiación para una prisión que con suerte gozaba de agua y electricidad.
El 25 de mayo tenía una entrevista con Mario Jaimes Mejía, alias “el Panadero”, un recluso y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, el ejército ilegal que luchaba contra las guerrillas, como parte de un reportaje sobre el tráfico de armas dentro de la prisión.
Pero la cita fue una trampa que, inevitablemente, contó con la complicidad de los policías a cargo de la Modelo, según la Corte IDH. Con la complicidad, pues, de funcionarios del Estado.
La secuestraron, se la llevaron en un auto y la retuvieron durante 16 horas en las que fue drogada, torturada y violada por varios miembros de las AUC.

“Este es un mensaje para el periodismo en Colombia”, le dijeron, en un recado para la prensa que se atreviera a cuestionar las prácticas atroces de un ejército creado para, supuestamente, defender al país de la amenaza guerrillera y comunista. (Daniel Pardo. Corresponsal de BBC Mundo en Colombia.18 octubre 2021)
En el año 2000, los periodistas y comunicadores sociales en Colombia fueron por primera vez reconocidos como una población en riesgo especial con la creación del “Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales”, a cargo de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Mecanismo de Protección); sin embargo; continúan los actos violentos contra periodistas; que logran:
-Vulnerar el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
-Generar un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;

-Violar los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.