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Recientemente, uno de los casos de hostigamiento a la prensa reportados en la región cundiboyacense tiene como protagonista al periodista Ricardo Ruizdíaz, quien ha sido objeto de múltiples amenazas y atentados contra su vida a causa de sus investigaciones a las labores irregulares de minería en el Valle de Tenza. El hecho más reciente se registró el pasado 13 de julio, cuando se presentaron disparos cerca a su casa en el municipio cundinamarqués de Machetá. De acuerdo con la UNP, los escoltas del esquema de seguridad que le ha sido asignado activaron los protocolos y se reportó la situación a la entidad a través de la Línea de Vida, lo que le valió el acompañamiento de la Policía y del Ejército Nacional.
Según se ha reportado en diferentes medios como Revista Alternativa e Infobae y en pronunciamientos de la FLIP desde el 2018, el periodista ha sufrido de hostigamiento por sus reportajes sobre actos de corrupción en la UNP, por irregularidades en la labor minera en el Valle de Tenza y su defensa de los derechos humanos y ambientales. Ruizdíaz ha tenido que incluso exiliarse en España por un tiempo, antes de poder regresar al país con un esquema de protección. No obstante, las investigaciones por amenazas y atentados en su contra (y de su familia) no han demostrado avances en identificar a los responsables.
Pese a todo, la comunidad del Valle de Tenza ha persistido en sus exigencias por una acción minera responsable con el territorio y el medio ambiente que se traduzca en bienestar para la comunidad. Ruizdíaz, por su parte, continúa su labor como periodista; pero ¿qué podría pasar en el mundo si más periodistas cedieran ante la intimidación en lugar de continuar con su trabajo frente al peligro como lo hace Ricardo? Ciertamente el terror inundaría nuestras sociedades y los derechos humanos se verían en alto peligro, no sólo en la garantía de los mínimos que por el momento hemos definido en la carta de derechos, sino en el reconocimiento de aquellos que hemos venido definiendo como esenciales para una convivencia entre seres diversos ajustada a los principios de justicia y equidad. Las conquistas más recientes en cuanto a reconocimiento de derechos deben su existencia a la capacidad de alzar la voz de comunidades históricamente silenciadas y olvidadas, de manera que si los periodistas cedieran ante las intimidaciones, hoy no pensaríamos siquiera en la posibilidad de programas y rutas de atención a violencias contra las mujeres o personas LGBTIQ+, o de protocolos ambientales para disminuir el impacto ambiental de las acciones humanas que sustentan nuestro sistema de producción y consumo.
Al leer los casos compartidos por mis compañeros, es preocupante ver cómo las intimidaciones a los periodistas no vienen sólo de actores armados y violentos sino también a razón de denuncias por actos de corrupción de agentes públicos y empresas privadas, lo que nos lleva a pensar seriamente en los valores que construimos como comunidad y sociedad, es decir, en colectivo, pues es evidente que en estos casos los intereses individuales al estar mediados por potenciales beneficios económicos llevan a las personas a amedrentar a las personas que se atrevan a cuestionar su accionar o las consecuencias de su accionar, sin importar que deban callar con violencia el más humano de los derechos.