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El caso del periodista Liubomir Fernández
El 7 de diciembre el Congreso ejecutó un golpe de Estado contra el entonces presidente Pedro Castillo. Desde ese momento, Dina Boularte usurpa el poder recibiendo el apoyo de los medios hegemónicos, las fuerzas armadas, el congreso y la élite de poder. Ante tal crisis política se desató una masiva ola de protestas en diferentes regiones del país, con lo cual culminó con más de setenta ejecuciones extrajudiciales de parte de las fuerzas del orden y detenciones arbitrarias.
La cobertura de las protestas realizadas por diferentes medios independientes, locales y extranjeros, fue reprimida, violentada, por lo que fueron víctimas de detención arbitraria, amenazas, hostigamientos, es decir, una constante violación a sus derechos humanos y a la libertad de prensa, para que no publiquen las muertes, heridos y persecución contra los manifestantes. Entre algunos de los periodistas agraviados podemos mencionar los siguientes: El fotógrafo Aldair Mejía (agencia Efe) recibió u perdigón; Max Lanza (radio La Decana) fue atacado por la policía; Ernesto Cabral (La Encerrona) recibió amenazas; el fotoperiodista Luis Enrique Becerra, quien cubría las manifestaciones en Lima, fue herido con perdigones a dos metros de distancias por la policía; Julio César Jara (director de Planeta TV) fue golpeado por intentar grabar la liberación de detenidos en la violenta represión a la UNMSM.
Estos hechos revelan una profunda amenaza y deterioro a la libertad de prensa, provenientes desde el Poder Legislativo, pues han elevado las penas por difamación contra periodistas de investigación. Asimismo, el Poder Judicial reabre procesos penales contra periodistas, y se permite los ataques de grupos de extrema derecha contra periodistas que denuncian malos manejos contra el congreso y el gobierno.
La presidenta de ANP, Zuliana Lainez, refiere, en el diario El País, que en el año 2023 “superan las 300 agresiones a periodistas. Una cifra muy gráfica de lo que significa hacer periodismo en el Perú”. También, Martínez de la Serna, director de CPJC (Comité de Protección de Periodistas), señala que esta situación favorece la autocensura y el efecto silencio. ANP, IPYS y la SIP también han denunciado públicamente han expresado su preocupación ante los ataques y el atentado a la libertad de prensa y de información.
Uno de ataques más sonados es contra el periodista Liubomir Fernández (corresponsal de La República), quien viene siendo víctima de persecución no solo por parte de las fuerzas del orden sino por civiles vinculados al poder ilegal. El 6 marzo, de 2023, murieron ahogados 6 policías en el río Ilave (Puno), la narrativa oficial señala que los policías, quienes reprimieron a manifestantes, fallecieron porque estabas huyendo de ellos. Sin embargo, el periodista que se encontraba cubriendo el hecho desmiente esa versión, y señala más bien que un primer grupo de policías lograron cruzar, pero el segundo grupo no corrió con la misma suerte. Cinco fueron rescatados por pobladores aimaras, a quienes les testimoniaron que cruzaron por ordenes de sus superiores. Rebatiendo así la versión del gobierno que culpaban a los que protestaban.
Ante este evento, Lubomier Fernandez ha recibido una avalancha de difamaciones, siendo acosado por sus declaraciones y amenazado contra su vida, para que se retracte y silencie. Asimismo, no es el único problema que ha enfrentado el 2021, el periodista fue agredido por cubrir un desalojo irregular de un colegio por temas de posesión de terrenos. En el 2023 revela una estafa piramidal que involucraba a un abogado y un ex policía, por lo que recibe amenazas contra su vida y familiares. Los pronunciamientos de CPP, IPYS y ANP no se han hecho esperar ante la petición de medidas cautelares y de protección a Fernández.
3. ¿Qué crees que podría pasar en el mundo si más periodistas cedieran ante la intimidación en lugar de continuar con su trabajo frente al peligro?
Reinaría la impunidad y el abuso del poder de parte de los gobiernos como de los grupos ilegales, que atentan contra los recursos naturales. No habría espacio para la difusión de información veraz y la prensa se terminaría de deteriorar ya que podrían caer en el chantaje, corrupción e incluso muertes.