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El caso que deseo compartir es el de Amalfi Rosales Rambal, una mujer de 40 años que tuvo que dejar de reportear en La Guajira para mudarse obligatoriamente a Bogotá.
El caso de ella se desarrollo mientras hacia un cubrimiento sobre lo sucedido con el gobernador Juan Francisco Gómez y su relación con la empresa criminal dirigida por Marcos Figueroa, donde empezó la persecución de ella a través de llamadas y mensajes que amenazaban con su vida. Hasta el día que, a punta de tiroteos en su vivienda, la hicieron salir del lugar donde por casi 14 años de su vida había vivido.
No solo ella, si no más periodistas han sido victimas de amenazas, intimidación, extorción, por desarrollar su trabajo y sacar a la luz todo aquello que está afectando nuestra sociedad.
Es hora de ser la voz de aquellos que han silenciado, pues si somos formados en educación mediática seremos capases de comprender, evaluar y utilizar de manera crítica los medios de comunicación, estos como herramientas que puedan garantizar derechos y no vulnerarlos.