Respuesta a: Semana 3 – Los periodistas en la mira – periodo 2

Son muchos los casos presentados sobre amenazas contra la integridad de los periodistas en Colombia y el mundo.  En el  2018 por ejemplo, los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, tuvieron que exiliarse, por hacer denuncias e investigaciones sobre el tema medioambiental. En el caso del primer periodista, fue objeto de seguimientos a él y a su familia, intimidación con amenazas verbales e incluso físicas a través de armas, situación que se dio por hacer denuncias de asesinatos de líderes medioambientales tanto indígenas como afrodescendientes y campesinos; además realizaba investigaciones sobre la deforestación y quemas de bosque en Guaviare y Meta. En el caso de la segunda periodista, fue intimidada a través de sus redes sociales como Facebook e intento de jaqueo de sus claves de correo electrónico.

Otro caso fue el de Camilo Chará, periodista de Cali, quien en el 2023, fue asediado e intimidado enviándole una corone fúnebre, con dos balas y panfletos por denunciar violencia sexual por parte del ex-secretario de cultura de Cali y hacer investigación sobre presunta corrupción del Ecoparque Cristo Rey. Infortunadamente las autoridades no brindaron protección, argumentando que hasta no recibir de MinInterior una resolución de riesgo, no se podría tomar medidas en el caso, por lo que el periodista debe autoprotegerse, según las autoridades.

Los casos anteriores son delicados puesto que afectan no sólo a los periodistas en su integridad física y moral, que tienen que abandonar su país y dejar atrás todo lo que han construido, sino que, además, priva a la sociedad de un periodismo objetivo, veraz, que denuncia la corrupción y las malas prácticas de instituciones y personas inescrupulosas. En este sentido, si los periodistas cedieran ante las intimidaciones y dejaran de denunciar, este tipo de prácticas (las anteriormente señaladas) se reproducirían sin control y la sociedad no tendría los argumentos suficientes para actuar en contra de ello. La autocensura aumentaría por miedo a perder la vida y exponer a sus familias ante el peligro, lo cual conllevaría a un debilitamiento de la labor periodística y habría un empoderamiento de las personas que cometen actos delictivos, fortaleciendo la impunidad y falta de transparencia, lo que resulta peligroso para una democracia. Según un informe de la UNESCO, aproximadamente el 45% de 900 periodistas en 129 países del mundo, deben enfrentar la autocensura porque no existen garantías judiciales para proteger su ejercicio; de allí que una de las propuesta que emergió de la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa fuera proteger y apoyar a los periodistas y promover la integridad de la información publicada en línea y para ello, debe comprometer a diferentes estamentos como son los gobiernos, los propios medios de comunicación, la sociedad civil y las plataformas digitales, entre otros (https://www.unesco.org/es/articles/un-informe-de-la-unesco-revela-que-el-70-de-los-periodistas-medioambientales-han-sido-agredidos-por).

Los casos expuestos aquí, tienen en común la misma fuente de amenaza, esto es, por denuncias de actos ilegales, corrupción y abuso de poder por parte de quienes lo poseen. Aunque algunos son por motivaciones políticas, otras económicas y otras medio ambientales, finalmente, terminan afectando a la sociedad y generando un clima de desinformación.

Todo esto demuestra no sólo la exposición del trabajo periodístico y los peligros en los que se ve inmerso, sino una democracia débil en la que no se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión, de información y de prensa, fundamentales para el fortalecimiento del respeto de los Derechos. De ahí la importancia de la educación mediática en la que se enseñe a valorar la labor del periodista sin que ello implique asumir riesgos. Además la educación mediática es fundamental para construir pensamiento crítico en las actuales y futuras generaciones, que hagan rechazar acciones en contra de la vida por expresar libremente el pensamiento y generar acciones de transparencia a través de acciones de rendición de cuentas ante las entidades públicas, lo que se interpreta como una ciudadanía empoderada.