Respuesta a: Semana 3 – Los periodistas en la mira – periodo 2

[Manuel Alejandro Perdomo Zuniga]

En enero de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 88, reconociendo una grave amenaza a la seguridad de nueve periodistas en Algeciras, Huila, Colombia. Los actores involucrados incluyen a los periodistas afectados, el grupo disidente Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, y las autoridades colombianas.

Intimidación y Motivo
Desde mayo de 2023, el EMC amenazó a los periodistas, advirtiéndoles que serían considerados objetivos militares si no cumplían con una citación. Este grupo disidente buscaba silenciar la cobertura periodística sobre temas de seguridad, orden público y conflicto armado en la región, utilizando intimidación directa para coartar la libertad de prensa.

Consecuencias
La intimidación provocó que los periodistas suspendieran la emisión de información local relevante, limitando así la cobertura de asuntos críticos en una zona afectada por el conflicto armado. La falta de información y el temor de represalias también afectaron a la comunidad local, privándola de noticias esenciales sobre su entorno.

La CIDH ordenó al Estado colombiano que adopte medidas de protección para garantizar la seguridad de los periodistas, permita su trabajo en condiciones libres de violencia, y coordine con ellos y con la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) las medidas de seguridad necesarias. La decisión resalta las dificultades para ejercer el periodismo en contextos de violencia y las deficiencias en la protección de los periodistas en Colombia.

Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer la protección para los periodistas y garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en regiones conflictivas.

Por otro lado, respondiendo a la pregunta: ¿Qué crees que podría pasar en el mundo si más periodistas cedieran ante la intimidación en lugar de continuar con su trabajo frente al peligro? expreso lo siguiente:
1. Pérdida de la información crítica.
2. Erosión de la libertad de prensa.
3. Impunidad para actores ilegales.
4. Desconfianza en los medios de comunicación.
5. Empoderamiento de los agresores.
6. Impacto negativo en la sociedad civil.