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El siguiente caso toma como base lo sucedido en Chile durante el “Estallido social de 2019”. Antes de comenzar, es necesario comprender algunos antecedentes que rodearon el acontecimiento de este fenómeno social. El 6 de octubre de 2019 entró en vigencia el alza de las tarifas del Sistema de Transporte Público del país sudamericano en $30, esta alza provocó una serie de protestas de estudiantes secundarios en estaciones de Metro de Santiago que incluían estudiantes sentados al borde de los andenes, bloqueo de torniquetes y vagones y el salto de los mismos para manifestar su descontento por la medida. En este contexto, el 17 de octubre de 2019 el exdirector de Metro de Santiago, Clemente Pérez declaró en televisión que las protestas no constituían una muestra significativa para retroceder en la medida tomada. Para ello, quedó sellada su frase “Cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población”. Dos días después, de manera prácticamente simultánea se ejecutaron una seguidilla de protestas y marchas a nivel nacional que decantaron en el cierre de la red subterránea, el incendio de varias estaciones y buses de transporte público, así como la adopción y protesta sobre diversos fenómenos que se arrastraban desde la implementación del sistema neoliberal en Chile.

Según los datos recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) desde octubre de 2019 a marzo de 2021, se han registrado 295 ataques a la prensa, entre agresiones y detenciones. Uno de los casos más icónicos fue el llamado telefónico del Palacio de la Moneda a las estaciones La Red y Chilevisión, con el fin de cuestionar pautas específicas que involucraban sketch televisivos que recreaban reacciones del expresidente Sebastián Piñera en torno al “Estallido social” y otros hechos de la agenda sociopolítica. Este suceso da cuenta de la presión ejercida en contra de las estaciones, atentando contra la libertad de prensa, información y expresión, un hecho que se distancia de los valores que rigen las sociedades plenamente democráticas.

A partir de este caso, podemos notar cómo la crisis política se extiende a las comunicaciones y el periodismo, así como a la vulneración de estos derechos fundamentales, pretendiendo interferir en líneas editoriales. Por tanto, el poder y las autoridades políticas del momento se erigieron como los agentes que atentaron contra las labores e intereses de las estaciones.